REFERÉNDUM: VIVA LA MUERTE

El tema de la pena de muerte para los que cometan "actos de terrorismo o los violadores de menores de 7 años de edad" y que parecía ser un asunto zanjado luego de que el parlamento desechara por amplia mayoría la propuesta del ejecutivo, vuelve nuevamente al centro del debate y esta vez de la mano del Presidente Alan Garcia con la singular propuesta de ir a un referéndum para que sea la población quién decida sobre este controversial asunto.

¿Es realmente el tema de la pena de muerte un asunto tan urgente y de vital importancia para la sociedad peruana que justifica la actitud insistente por parte de Alan García para buscar su aprobación a como dé lugar? ¿Está la sociedad peruana totalmente indefensa ante las posibles o reales amenazas de un rebrote terrorista? ¿En nuestro ordenamiento jurídico carecemos de los dispositivos legales pertinentes que nos permitan castigar de manera ejemplar a los violadores de menores de edad? ¿Es la pena de muerte la mejor manera que tiene una sociedad que se dice ser democrática y civilizada, para castigar a quienes delinquen? ¿Está el Poder Judicial capacitado para poder tomar una decisión tan delicada y enviar al cadalzo a los que cometan estos actos delincuenciales? ¿En nuestra legislación está debidamente tipificado el delito de terrorismo? ¿Y los violadores de menores de 8, 10 ó 12 años no son igualmente merecedores de que se les aplique la pena de muerte?.

Estas son algunas interrogantes que nos debe llevar a una profunda reflexión sobre este punto, porque lamentablemente vemos que desde el gobierno existe una tendencia de intentar sembrar el terror en la sociedad con este tema y se está envenenando con prejuicios y politiquería barata una discusión de un asunto muy delicado. Basta leer la nota oficial enviada por Alan García y donde uno de los principales argumentos que esgrime para seguir insistiendo con esta descabellada propuesta es que dice que "el 85% de la población apoya esta medida". ¿El 85%? ¿y por qué no mejor señaló que era el 90% o tal vez el 60%, que al final da lo mismo?. Realmente, que manera más infantil, chabacana y embustera de abordar este asunto por parte del Presidente de la República, por que si ese recurso barato de escudarse en una supuesta cifra de apoyo al establecimiento de la pena capital es un argumento válido para Alan García, que Dios nos coja confesados.

Pero ahí no acaba el embrollo. En la misma misiva, el Jefe de Estado en una sensurable postura, en una actitud autoritaria y mostrando su talante antidemocrático, arremete contra el Poder Legislativo por el simple hecho de que el Parlamento rechazó su propuesta. Con esto está sentando un precedente negativo de lo que puede ser las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo si éste último no se allana dócilmente a los caprichos de Alan García. E igual de sensurable ha sido la reacción de la Presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, quién en vez de salir en defensa del fuero parlamentario, optó por someterse a la disciplina partidaria y acatar la orden emanada de Palacio de Gobierno de cerrar filas en torno al exabrupto presidencial.

Pero pareciera que no todos han optado por bajar la cerviz ante Alan García, porque ya han surgido voces discrepantes al interior del propio gabinete ministerial. En declaraciones a la prensa, el Ministro de Defensa, Alan Wagner ha señalado rotundamente su oposicion a la aprobación de la pena de muerte. Este asunto es preocupante porque muestra fisuras al interior del gabinete sobre un tema que pareciera obsesionar de sobre manera al presidente Alan García, y que al momento de que el gabinete ministerial fije una posición al respecto, puede desembocar en una crisis ministerial.

Pero el cuestionamiento no es solamente a la propuesta presidencial, sino que tambien se ha cuestionado seriamente a la forma como se pretende aprobar tal medida. Hasta el mismo Presidente del Tribunal Constitucional ha tenido que enmendarle la plana a Alan García y señalarle que no es posible someter a un referéndum el tema de la pena de muerte porque según el art. 32 de la actual constitución "No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona". Frente a esta situación, Alan García en una típica actitud leguleyesca ha optado por buscar un atajo legal forzando una muy discutida interpretación del texto constitucional para modificar los articulos 32 y 140 y de esa manera intentar allanar el pedregoso camino para aprobar la pena de muerte para los violadores de los menores de 7 años.

La pregunta que surge de todo este marasmo en que el gobierno se ha metido es si realmente el tema de la pena de muerte es un asunto de vital importancia para la sociedad peruana o es que hay una agenda escondida debajo de todo este zafarrancho montado y dirigido personalmente por Alan García.

Por las razones expuestas y por los motivos explicados no existen argumentos de peso que avalen para que nuestro país de un paso atrás aprobando la pena de muerte ya que esto seria un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos, puesto que "el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos". El país cuenta con un sistema de normas legales que castigan de manera severa a quienes cometen delitos de violación de menores de edad, lo que se tiene que hacer es garantizar una profunda y exitosa reforma del poder judicial para que se erradique la corrupción y la ineficiencia que caracteriza a nuestro sistema judicial y se pueda lograr que la aplicación de la justicia sea eficaz, justa y proba. Esta debe ser la preocupación central de quienes gobiernan el país.

Por lo tanto, la respuesta hay que buscarla en las consecuencias colaterales que conllevaría la aprobación de la pena de muerte en nuestro país y quién o quienes serían los beneficiados. Puesto que como país hemos contraido obligaciones en materia de derechos humanos al formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, la aprobación de la pena de muerte significaria la denuncia del estado peruano a la Convención Americana. Aquí reside los motivos reales de porque Alan García está sumamente interesado en que se apruebe lo más rápido posible la pena de muerte. Es el temor a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo encuentre culpable de los crímenes cometidos durante su primer gobierno. Alan García al igual que Alberto Fujimori han tenido el poder suficiente como para eludir a la timorata justicia peruana, pero hoy día tiemblan ante la posibilidad de que la justicia internacional pueda pedirles cuentas por los crímenes perpetrados en sus gobiernos. Esa es la agenda oculta que subyace bajo la propuesta efectista de implantar la pena de muerte en el país.