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Entre el sueño
obcecado y la protagónica realidad: La descentralización, y más precisamente su versión política la regionalización, es una atávica idea que ha estado presente desde un inicio en la historia del país, y probablemente tenga su raíz en la irresuelta confrontación ideológica entre unionistas y federalistas al momento de concebir el Estado nacional. Hoy, con menor agudeza, debamos admitirlo este viejo asunto resurge, bajo un nuevo contexto, que no hace sino rebelar los antiguos problemas que confrontan a los peruanos. Desde Mariátegui(1) , Haya(2)o Belaunde(3), sin soslayar a Valdelomar(4) , Porras(5) , Salazar Bondy(6) , De la Riva Agüero(7) y Romero(8) , el regionalismo es una muestra del imperfecto funcionamiento no solo de una economía, que sigue excluyendo a muchos y privilegiando a unos pocos, sino de una disfunción que se extiende a la propia sociedad y por supuesto al Estado. En este país no hay nada más imperfecto que el funcionamiento del Estado, uno que ha volteado sus espaldas al ande y la extensa amazonía, para ser equivoca realidad de una estrecha faja costera, y que impotente mira horrorizado el emerger de una mega metrópoli como Lima, que dejo de ser un espacio dinámico de acumulación y riqueza, para ser un patético referente de transacción casi colonial del poder político. Por tanto, en la reciente “cumbre regional”, si podemos llamarla así a la reunión de varios presidentes regionales, que concluyo con la formación de la Asamblea Nacional de Regiones, esa misma que provocará, cancelación de agendas de por medio, y hasta una precipitada visita del Presidente de Consejo de Ministros, no es sino una re-edición del regionalismo, que a diferencia del lustro pasado e inclusive de la década anterior, sea ha planteado una agenda política que va mucho más allá de reformas del disfuncional Estado, arrancando no solo poder político, sino que se adentra a cuestionar el propio modelo de distribución y generación de la riqueza del país ¿Para qué? Es un tema muy difícil de precisar por ahora, tal vez solo sea parte de un ensayo de efectismo político, de asegurar además una gestión con inversión, prosperidad y mejora de la vida para sus votantes, o por el contrario estamos asistiendo a lo que será, una confrontación centro-regiones, que podría hacer surgir un nuevo pacto social y por tanto un nuevo Estado, al que con razón, De la Puente, hacen un tiempo atrás consideró como la fundación de una Nueva República. Cual de ambos escenarios, en definitiva surja, es un tema que también le compete dilucidar a los propios actores sociales, Marx diría a las masas, que organizadamente tengan que librar, en muchos casos, una dura batalla al interior de sus propias regiones para que la descentralización no se convierta en la versión socialdemócrata que quiere imponer el gobierno, como ya lo ha anunciado el propio García en su mensaje a la Nación. La insuficiencia de esta propuesta tiene asidero, si se analiza el problema de la pobreza, esa misma que aqueja a uno de cada dos peruanos, la cual no puede ser debelada con esfuerzos aislados, y precarios programas sociales, que más que eficientes reformas de segunda generación, tal como el BM las cataloga en critica al rumbo neo-liberal de las economías de países en desarrollo como el nuestro(9) , son espacios de exacerbada clientela política con erráticos y cuestionables indicadores. De esa propuesta no puede surgir nada sólido para desterrar el peor impuesto que pagan los peruanos: la extrema pobreza. Pero el gobierno, y lamentablemente muchos partidos políticos, han aceptado erróneamente el juego político planteado desde Palacio: la reforma del Estado, a fin de curar la disfunción del anacrónico pacto social, ese mismo que impulsaran gobiernos autocráticos como Leguia y Fujimori. Ahora resulta que ese es el centro del problema nacional, es decir que la reducción del costo de la planilla publica, como airadamente reclaman los aliados derechistas del gobierno, o el “achicamiento” funcional del Estado que predica el propio APRA. Esa no es la forma de resolver aspectos cruciales como el dicotómico problema entre crecimiento económico y desarrollo, menos aún el nuevo problema, planteado por Carlos Tovar con elegancia ideológica digna de mención, respecto a la fricción entre empleo y tecnología, y su consecuencia inmediata: la contradicción entre productividad y jornada laboral. Obviamente en el ensueño efectista de la “reforma del Estado” ni siquiera está el gran problema de nuestra era, la contradicción entre mercado y ambiente, que en un país mega-diverso como el nuestro, con sorprendentes y ricos ecosistemas, su defensa no es una mediática respuesta de tufillo extranjerizante, propia de la izquierda verde que se ha afincado con notable éxito en Europa(10) . Tal vez los presidentes regionales, debieran agradecer que no los invitaran, y que el soslayo de la semana pasada, me refiero a la sesión del Consejo de Ministros, haya sido mejor para ellos. El regionalismo tiene una oportunidad de ejercer una real y verdadera oposición, demandando no solo la solución al banal problema de la disfunción estatal, sino también darse un tiempo para pensar en un programa político que considere seriamente abordar temas referidos a la metáfora de la “escalera mecánica”, como nos los recuerda Carlín (Carlos Tovar)(11) , o respuestas al “horror económico”(12) que está delante nuestro, amén del “desastre ambiental” que se asoma, y que ha provocado que mentes tan conservadores como la de Al Gore, se incline a afirmar como “verdad inconveniente” su existencia(13) . Las regiones están en mejor posición, que los propios partidos políticos, de cambiar de raíz las viejas contradicciones del Estado peruano, sin que ello signifique en absoluto socavar las bases de la economía, ni menos aún poner en tela de juicio la base democrática del Estado. Hoy ser gobierno, verdaderamente eficaz, es también resolverle los problemas de la gente, el desempleo, la mejora del bienestar y para eso se requiere de economías crecientes. Nadie está pidiendo dinamitar el precario balance macro-económico, sino más bien resolver la conjetura de “ser pobre por ser ricos”(14) o lo que es peor tener “una bonanza macroeconómica con malestar micro-económico”(15) , tal como lo describe Shuldt. Para esto las regiones deben enfrentar el problema de la integración, y ser concientes que parte de su drama político radica en la propia delimitación política de sus ineficaces limites regionales. La actual demarcación, para broma surrealista, es la expresión más vivida del ancestral pacto oligárquico de la “Patria Nueva”(16) e inclusive en algunos casos este se remonta a la “República aristocrática”(17) . El departamentalismo, ese que Víctor Andrés Belaunde cuestionaba, que a la postre se mantuvo en el texto de la Carta Política del 33, fue resucitado por Fujimori como consecuencia del golpe del 5 de abril del 92. Una vez disueltas las Asambleas Regionales, el camino centralista fue allanado sin mayor resistencia, quedando latente la posibilidad de un retorno más democrático, panorama que fue cerrándose paulatinamente conforme avanzaba el año 1992. Es menester recordar que cuando se debatía y preparaba una nueva Constitución Política, la discusión de los límites regionales cobró importancia, estimulado por Fujimori para dejar de lado el carácter autónomo, democrático de las autoridades regionales, amen del diseño orgánico de gobierno, el carácter de las finanzas públicas a descentralizarse, temas que se derivaron a una formulación declarativa y confusa, que debía complementarse con leyes de desarrollo constitucional. Sancionada la Constitución y sometida a referéndum, el margen de actuación de las regiones solo podía realizarse sobre un ambiguo texto constitucional que señala que las regiones son organismos descentralizados que se constituyen por voluntad popular. Precisamente esta visión poco clara del problema fue la que enfrasco a la Representación Nacional, elegida en 1995, en un primer debate en torno de los rasgos característicos de la descentralización. Entonces la oposición no entendió que ese era un debate importante para el país y opto por el fácil camino de presentar, variados en su redacción pero similares proyectos de descentralización, situación que también ocurrió en la mayoría. Al final de la jornada existían alrededor de 17 iniciativas, todas muy similares a excepción de la propuesta oficialista que optó por un proyecto sin precisiones, que diseñaba etapas, y que dio origen a la derogada Ley Nº. 26922. La posterior reforma de la constitución en el año 2001 y las leyes marco, y orgánica de regiones, poco o nada ha modificado la idea departamentalista legada por el fujimorismo. Hoy como ayer, tras el fracasado referéndum de Toledo, está claro que la elite política no está dispuesta a propiciar la integración y por el contrario se empeña en mantener los limites regionales, afincando el departamentalismo, presente desde la Constitución de 1993, que ha encontrado una eficaz careta legal, según la cual las regiones podían formarse sobre la base del ámbito uni-departamental o multi-departamental(18) . El requisito en este último caso, es el recurrente argumento de enfrentar la voluntad popular para constituir regiones contra el anhelo de la integración, de este modo, el fantasma departamentalista que cobrara vida durante el gobierno fujimorista sigue jaqueado a la clase regional. El arraigado localismo, es cómplice de este problema, donde arequipeños, lambayecanos, piuranos, cusqueños, liberteños apurimeños o materditanos no puedan convivir juntos en una perspectiva de integración sin que inmediatamente se tema por el fantasma del “micro-centralismo”, como ocurre entre apurimeños y materditanos respecto a Cusco, o entre moqueguanos y tacneños que creen ver una amenaza en sus vecinos puneños, sin darse cuenta que ellos son una fuerza electoral muy importante en sus ciudades. Que es lo oportuno ahora ¿regiones o departamentos? Parecer ser que este debate trivial en el pasado, pudiera convertirse en importante, aún a riesgo que la integración macro-departamental es solo un anhelo de muy pocos, ni siquiera de todas las elites políticas regionales, donde aún proliferan ardientes defensores del arcaísmo territorial que representan los departamentos. Esto último se debe el escaso interés por resolver la contradicción entre economía y política a razón del problema territorial que aquejan a las regiones, que además se torna antagónico por intereses micro-locales. Esto no es nuevo, la política ha tendido, a lo largo de la historia republicana a fragmentar y dividir constantemente el territorio, al extremo de imponer una inadecuada demarcación que hoy resulta ser un obstáculo. La economía, por insólito que resulte, ofrece suficientes bases para que la integración regional resurja. Por ingenuo que resulte muchas macro-regiones, como ocurre en el sur, son antes que un fenómeno político una realidad económica, cuyo funcionamiento aún la política no ha podido descubrir. El país todavía está dividido por múltiples liderazgos, difíciles de administrar desde la perspectiva política, en ese sentido, parece no haber otro camino que aceptar las fronteras departamentales como linderos políticos de una inconveniente demarcación regional. Sin embargo, en contra posición a la nueva agenda propuesta por García, tal vez pueda animarse un proyecto político regional de mayor integración, así pareciera haberlo entendido Simons, Huaroc y Gonzáles, que tratan de hilvanar una concertación regional, aún en contra del abstencionismo de Guillen, que bien podría cambiar las bases del Estado, y quizás fundar la Nueva República. En todo caso, el viejo problema de los límites regionales sería una buena razón para cambiar la fisonomía del país, en cuanto a su economía y política se refiere, como nos lo recuerdan Thorp y Bertram(19) . Notas: 1 Mariátegui J. C. (1994). 7 ensayos de interpretación
de la realidad peruana. Sexagésima edición. Biblioteca amauta.
Lima.
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